Seguirán insistiendo en reforma migratoria

Seguirán insistiendo en la reforma Migratoria

La presión para conseguir una reforma migratoria seguirá pese al dictamen judicial que bloqueó la mayor parte de la ley de Arizona, la cual convierte la inmigración ilegal en un delito grave, indicaron este día activistas, religiosos y sindicalistas.

En general, organizaciones pro inmigrantes calificaron al dictamen judicial como “victoria”, pero ninguno de ellos sacó el dedo del renglón.

“Esta es una victoria inequívoca … pero el trabajo no se ha terminado”, dijo Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Nacional de La Raza. “No podemos enfocarnos en soluciones falsas. El dictamen de hoy pone en claro que el poder de aprobar una efectiva reforma migratoria yace en el Congreso y el presidente”.

“Vamos a seguir porque esto no se ha terminado”, manifestó en una rueda de prensa María Elena Durazo, secretaria tesorera de la AFLC-CIO, la mayor central sindical del condado de Los Angeles.

La presión que seguirán ejerciendo será política, económica y legal, explicó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés).

“El dictamen valida nuestros argumentos: De que la ley de Arizona es inconstitucional”, indicó la activista durante una manifestación por los derechos de los inmigrantes en el centro de Los Angeles. “Nosotros vamos a seguir como los salmones: contracorriente”.

Salas dijo que seguirán apoyando el bloqueo económico a Arizona, mientras que Durazo aclaró que la central sindical no ha tomado una postura al respecto.

En lo que organizaciones pro inmigrantes sí están de acuerdo, es que debe de haber una reforma que legalice el estatus migratorio de unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.

“Por supuesto, aún la gran victoria de hoy debe ser atenuada por el hecho de que cualquier cláusula que sigue vigente puede ser mal usada. Debe continuar el duro trabajo de vindicar totalmente nuestros valores constitucionales”, indicó Thomas A. Sáenz, presidente y abogado en jefe del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y Educación, una de las organizaciones que apeló la ley en cuestión.

Por su parte, el canciller salvadoreño Hugo Martínez consideró que en la decisión de la jueza federal prevaleció “la legalidad y el respeto a los derechos humanos.”

En un comunicado, Martínez señaló que El Salvador seguirá abogando por “una reforma migratoria integral” en Estados Unidos, donde residen unos 2,8 millones de salvadoreños.

La ley aún entrará en vigencia el jueves, como estaba previsto, pero ahora sin muchas de las disposiciones que enfurecieron a sus opositores, incluyendo secciones que requieren que los agentes que estén haciendo cumplir otras leyes comprueben al mismo tiempo si los sospechosos residen legalmente en el país.

La juez federal Susan Bolton también puso en suspenso una parte de la ley que obligaba a los inmigrantes a portar sus documentos en todo momento y que hacía ilegal que los trabajadores indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.

Bolton declaró que esas partes deben ser dejadas en suspenso hasta que los tribunales resuelvan los problemas que conllevan.

“Sin la necesaria acción del Congreso, las comunidades y estados seguirán proponiendo medidas que tapen hoyos y que no cubren todos los aspectos de una necesaria reforma migratoria”, dijo el cardenal de Los Angeles, Roger Mahony.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que el estado muy probablemente apelará el fallo y tratará de revertir la orden de la juez.

Entre las porciones de la ley que fueron bloqueadas está una que requiere a los policías que pidan licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identidad si tienen razones para sospechar que una persona ingresó sin documentos al país. Tales controles de inmigración debían realizarse por los agentes mientras aplicaban otras leyes u ordenanzas.

Otras disposiciones de la ley, muchas de ellas de procedimiento o revisiones ligeras a la vigente ley de inmigración de Arizona, entrarán en vigencia en el primer minuto del jueves.

El miércoles por la mañana partirá de Los Angeles a Phoenix una caravana de 550 sindicalistas, activistas y religiosos, en apoyo a indocumentados que viven en Arizona y en protesta por esta ley, también conocida como SB1070.

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