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Un policía en el Paso, Texas

El aluvión conservador que recorre Texas podría generar una serie de reformas que asignarían a la policía funciones tradicionales del servicio de inmigración. Y la idea no entusiasma demasiado a muchos de los interesados.

La policía tejana parece estar dividida en torno a la posibilidad de que se le pida que combata a los indocumentados. Y esa es una posibilidad real, ya que hay más de una docena de proyectos de ley que darían a la policía mayores responsabilidades en el área de inmigración.

Los republicanos gozan de mayoría absoluta en la legislatura tejana tras sus victorias en las elecciones de noviembre y promueven proyectos como uno que contempla que la policía le pregunte a los conductores que no tengan identificación si están en el país legalmente. Otro reduciría los fondos que asigna el estado a un departamento policial si éste no hace cumplir las leyes de inmigración.

“Estamos divididos con mis colegas en torno a si corresponde que detengamos a individuos sin razón alguna y les preguntamos por su status migratorio”, comentó el sheriff del condado de Travis Greg Hamilton, quien considera que ese tipo de iniciativas generarán discriminación.

El sheriff, o jefe de la policía, de El Paso County Richard Wiles anunció su participación en una movilización frente al capitolio estatal para denunciar proyectos de ley enfocados en los indocumentados, que son descriptos como perjudiciales para la economía tejana y difíciles de llevar a la práctica.

Una ley aprobada en Arizona exige a la policía que, al hacer cumplir las leyes, investigue el status migratorio de personas que sospecha podrían estar en el país ilegalmente. El gobierno de Barack Obama acudió a los tribunales para tratar de impedir que algunos elementos de esa ley entren en vigor.

Texas tiene 254 condados con departamentos y jefes de policía (sheriffs) propios, muchos de los cuales se quejan de que no tienen suficiente personal para desempeñar sus funciones en un corredor fronterizo afectado por la violencia del narcotráfico y se oponen a que se les asignen nuevas funciones. Al igual que sus colegas de Houston y San Antonio, temen que iniciativas de ese tipo generen discriminación.

Otros, en cambio, opinan que el desempeño de funciones del servicio de inmigración es una necesidad. En el condado de Fort Bend, que incluye algunos suburbios conservadores de Houston, el sheriff Milton Wright dice que apoyará el que sus hombres combatan a los indocumentados si el gobierno nacional no lo hace.

“Si ellos no lo van a hacer, tenemos que hacerlo nosotros”, expresó.

Se calcula que en Texas hay unos 1,6 millones de indocumentados, más que en ningún otro estado, con excepción de California, y los republicanos controlan todas las dependencias del gobierno. El gobernador Rick Perry ha dicho que no apoya una legislación como la de Arizona, pero que le parece bien que el estado tome cartas en el asunto de los indocumentados.

En el pasado hubo iniciativas de este tipo que no prosperaron en Texas, estado que tiene profundos lazos culturales y económicos con México y donde importantes grupos empresariales se han opuesto a medidas represivas hacia los indocumentados.

Pero la situación ha cambiado ahora que los republicanos tienen una mayoría absoluta en la legislatura y que la ley de Arizona genera iniciativas similares en el resto del país.

“Hay un grupo de republicanos que emplearon una retórica incendiaria en sus campañas electorales y que son quienes manejan las cosas ahora”, comentó el representante demócrata Rafael Anchia. “Seguramente querrán cumplir algunas de sus promesas”.

La representante Debbie Riddle considera que el asunto es tan importante que acampó afuera del capitolio para asegurarse de que sus proyectos sobre los indocumentados recibían prioridad. El senador estatal Dan Patrick presentó un proyecto por el cual la policía deberá preguntarle a cualquier persona que no tenga identificación si está en el país legalmente. Dice que no será obligatorio hacerlo, sino que quedará a discreción del agente. Según pinta él las cosas, el agente puede decidir no arrestar a una mujer que lleva a sus hijos a algún sitio en una minivan y que resulta ser una indocumentada.

En la mayoría de los condados de Texas, la policía averigua el status migratorio de una persona solo si es arrestada por alguna razón. Sus huellas dactilares son enviadas a un banco de datos y si se determina que es indocumentada, es transferida al servicio de inmigración.

El Harris County fue el primer condado del país que comenzó a aplicar ese programa nacional. Pero el sheriff Adrián García dice que no quiere incursionar más profundamente en el tema de inmigración y que le preocupa el que la gente no quiera acudir a la policía por temor a ser perseguida si no tiene papeles.

“Si una legislación hace que la gente lo piense dos veces antes de llamar al 911 (la policía) para denunciar un delito, entonces no me gusta”, dijo García.

Varios sheriffs han dicho que esperarán a ver qué dice la Asociación de Sheriffs de Texas en torno a estas iniciativas.

La Asociación presentó a la legislatura un informe en el que dijo que tiene seis prioridades, incluidas la sobrepoblación de las cárceles, la detención de personas con trastornos mentales en cárceles comunes y las metanfetaminas.

Primera en la lista está la seguridad de la frontera. Pero el sheriff del Bryan County Christopher Kirk dijo que ello no implica necesariamente combatir a los indocumentados.

“Lo que nos preocupa es el tráfico de drogas y de armas”, resaltó.